Redoble de tambores en Panamá
Carlos Alberto Montaner
Panamá está a punto de rehacer
sus fuerzas armadas. Se trata de un peligroso disparate. En diciembre de
1989, tras la invasión de Estados Unidos contra la sanguinaria
narcodictadura del general Noriega, los panameños decidieron renunciar a
poseer ejércitos. Fue una demostración de sentido común. Si había un país
que no necesitaba fuerzas armadas era Panamá. Dentro de sus fronteras no
existían fuerzas subversivas. Su vecino del norte es Costa Rica, una nación
pacífica, voluntariamente desarmada desde hace sesenta años, que no
representa el menor peligro. Su vecino del sur es Colombia, un país 15 veces
mayor y 14 veces más poblado, con un aparato militar considerable, con el
que Panamá mantiene las mejores relaciones, y al que no le podría hacer
frente veinticuatro horas si se desatara una muy improbable contienda que
nadie quiere ni espera.
Panamá, por supuesto, tiene problemas de orden público, pero todos
pertenecen al ámbito de la policía: narcotráfico, corrupción, lavado de
dinero, alguna violencia callejera (infinitamente menor que en Guatemala,
Honduras o El Salvador) y tráfico de indocumentados. Es necesario, claro,
proteger el Canal de un hipotético ataque terrorista, pero ésa es una labor
de inteligencia policíaca. Es verdad que la selva de Darién, esa intrincada
región que separa a Panamá de Colombia, es un refugio y zona de paso de
narcoguerrilleros de las FARC y el ELN, pero la persecución y control de
estos sujetos es más propia de una buena guardia rural que de un inútil
ejército convencional.
El ejército y la policía, aunque ambos son cuerpos armados, se organizan en
torno a visiones y misiones totalmente diferentes. En nuestra tradición
latinoamericana, lamentablemente, se les atribuye a las fuerzas armadas unas
funciones contrarias al espíritu republicano. Se dice que son los garantes
de la Constitución. Se les permite definir cuál es el supuesto ''interés
nacional'' y, por lo tanto, actuar para defenderlo cuando la cúpula decide
que debe salvar a la patria. Ellos, los militares, son la patria, y es su
sagrada tarea prescribir la correspondiente Doctrina de Seguridad Nacional.
La policía, en cambio, al menos en teoría, se limita humildemente a hacer
cumplir las leyes bajo la autoridad de alguna instancia civil del poder
judicial, como corresponde a un verdadero Estado de Derecho.
El origen de esta confusión de roles se remonta a Nicolás Maquiavelo y es
anterior al establecimiento de la democracia. Fue este brillante florentino
quien acuñó la frase ''razón de Estado'' para justificar cualquier
arbitrariedad que se le ocurriera al príncipe en beneficio de sus súbditos.
Pero fue contra esta idea que luego surgieron las repúblicas democráticas:
el gobierno debe limitarse a crear y tutelar el buen funcionamiento de las
instituciones para que los individuos, por medio de los representantes que
elijan, decidan libremente el curso de acción. No es verdad que los Estados
tienen intereses o ideales permanentes, y mucho menos que los cuerpos
armados son los organismos llamados a defenderlos. No es cierto que existe
una esencia patriótica que vive en los cuarteles.
Pero hay otro peligro: en nuestras tierras castigadas por el autoritarismo,
el órgano es el que hace la función. Una vez que el Estado dispone de
grandes fuerzas armadas, éstas acaban disponiendo del Estado. Los generales
que tienen tanques de guerra y aviones de combate desean utilizarlos. Está
en la naturaleza de su vocación. Para ilustrar este fenómeno es muy útil el
caso cubano. En esa pobre isla hace cincuenta años que manda un grupo de
aventureros decididos a intervenir en los asuntos del mundo entero. En los
sesenta se limitaban a adiestrar terroristas y subversivos de todas partes,
o a enviar guerrillas cubanas a cualquier sitio --como la que le costó la
vida al Che Guevara en Bolivia--, pero en los setenta, cuando disponían de
unas enormes fuerzas militares armadas por los soviéticos, mandaron los
ejércitos a pelear en guerras africanas durante quince años, hasta que el
descalabro de la URSS y sus satélites los obligó a regresar a sus cuarteles.
Hoy, con el país en medio de las mayores calamidades y las fuerzas armadas
severamente reducidas, el comportamiento internacional es mucho más
comedido.
El presidente Martín Torrijos, que ha gobernado razonablemente, al final de
su mandato va a cometer un inmenso error si revitaliza un organismo
innecesario y contraproducente en Panamá. El país, es cierto, necesita
reforzar el orden público, pero esa es una tarea que tiene diversas facetas.
La primera es adecentar la vida pública, combatir la corrupción e invertir
lo que haga falta en mejorar la calidad de la justicia. Esto último requiere
leyes procesales más expeditas, más y mejores jueces y fiscales, y poner el
acento en una policía con más recursos técnicos y mayor remuneración, bajo
el control total del gobierno. Si insiste en el camino de la
remilitarización del país lo que conseguirá será incubar y alimentar un
monstruo que acabará devorándose a Panamá. Ya sucedió en el pasado y volverá
a ocurrir.
Septiembre 15, 2008
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