Las dos falacias de la reelección indefinida

Carlos Alberto Montaner

El debate es muy viejo y provocó la carnicería mexicana de 1910. ¿Cuánto tiempo consecutivo debe ocupar la presidencia una misma persona dentro de un sistema democrático? ¿Cuatro, cinco, seis años? ¿Un periodo, dos, de manera indefinida? Los gobiernos de la cuerda chavista (por ahora Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador) aspiran a perpetuarse en el poder mediante diversas fórmulas de reelección presidencial. Para eso han reformado (o tratan de hacerlo) sus constituciones en medio de grandes tensiones políticas. El presidente colombiano Alvaro Uribe, con el ochenta por ciento de apoyo popular y el prestigio de ser el mandatario más eficaz que ha pasado por el Palacio de Nariño, también estudia volver a postularse tras convocar a un referéndum que legitime ese nuevo mandato. El hondureño Zelaya, con un nivel de rechazo mucho más notorio, acaricia el mismo sueño.

Son dos los argumentos más frecuentemente esgrimidos por los partidarios de la reelección indefinida: uno moral y otro de orden práctico. El moral se acoge a la supuesta esencia de la democracia: si la sociedad, libremente, así lo desea, ¿por qué una disposición legal va a impedirlo? El práctico se remite a la continuidad de la obra de gobierno: durante un periodo presidencial convencional, o dos, no hay tiempo para llevar a cabo los cambios que necesita el país. Es necesario prolongar ese esfuerzo. En rigor, se trata de dos falacias. La democracia o regla de la mayoría es sólo un método para tomar decisiones colectivas. Ese método, por ejemplo, se utiliza para elegir gobernantes, para decidir la inocencia o culpabilidad de las personas en los juicios por jurado, o para administrar una sociedad por acciones o un edificio de propiedad colectiva. Pero el voto no es la esencia de las repúblicas presidencialistas. La razón de ser de los gobiernos republicanos es la protección de las libertades y los derechos individuales. Las repúblicas surgen, precisamente, para impedir la aparición de tiranías, incluidas las de la mayoría.

En una verdadera república, fiel a los valores de esta forma de gobierno, la mayoría no tiene el ''derecho'', por ejemplo, a perseguir a los homosexuales o a prohibirles el acceso a la universidad a los ''enemigos ideológicos''. El principio republicano de las barreras a la autoridad de los gobernantes incluye y presupone el límite temporal por el que se designa al mandamás para que nos represente y administre al Estado. La mayoría no puede imponernos al mismo mandatario por tiempo indefinido sin violar la esencia del pensamiento republicano. No se trata de que sea buen o mal gobernante: para ser un buen gobernante hay que saber entregar el mando pacíficamente y ser reemplazado por otro ciudadano elegido para encabezar el servicio público.

El argumento de orden práctico es aún más débil. En realidad, es imposible acabar la obra de gobierno, como si se tratara de la edificación de una casa, con un principio y un fin, porque la naturaleza de los problemas va cambiando constantemente y las sociedades alteran el orden de sus prioridades. Una catástrofe natural, una importante innovación técnica, una grave conmoción social o un simple cambio en la realidad económica internacional pueden modificar la situación y descarrilar los planes de gobierno. En rigor, eso es lo que siempre sucede. Los gobernantes electos llegan al poder y ponen proa rumbo a cierto destino, mas los vientos inmediatamente comienzan a desviarlos de sus objetivos. Pero para eso existen las instituciones: el que viene detrás enmienda, corrige el derrotero, y reordena las prioridades de acuerdo con la nueva realidad. Un presidente no es otra cosa que el capitán provisional de un buque condenado a navegar eternamente.

Jamás ha existido sobre la tierra un gobernante que haya cumplido con todos los objetivos que se ha propuesto. Para que eso suceda tendría que haberse producido una parálisis social e histórica exactamente en el punto en el que formuló sus planes de gobierno. De ahí que la tarea más importante, para cualquier estadista realmente responsable y preocupado por el destino nacional, es fortalecer las instituciones para que la transmisión de la autoridad funcione de una manera natural, admitiendo, aunque contradiga su natural egocentrismo, que el andamiaje republicano no ha sido concebido para cultivar el caudillismo de los hombres excepcionales, sino la sosegada alternancia en el uso del poder. Como reza el melancólico dictum: los cementerios están llenos de personas imprescindibles.

Abril 5, 2009

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