Cuándo, cómo y por qué fallaron algunos Estados latinoamericanos
Carlos Alberto Montaner
El asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg ha puesto contra las cuerdas al
gobierno guatemalteco de Alvaro Colom. La noticia lleva varios días
revoloteando por los cintillos de medio mundo. Rosenberg, una persona
honorable, lo advirtió mediante un video impactante cuatro días antes de ser
ultimado por unos sicarios todavía desconocidos: el presidente, la primera
dama y otros funcionarios importantes planeaban matarlo por su conocimiento
de un crimen previo. El mandatario, por su parte, ha negado toda
responsabilidad en el hecho y hay que esperar a que ciertas investigaciones
independientes determinen sobre su presunta culpabilidad. Hasta los
políticos son inocentes mientras no se demuestre lo contrario.
A raíz de esta monstruosidad he vuelto a leer y a escuchar una aseveración
un tanto confusa: ''Guatemala es un Estado fallido''. En efecto, es uno de
los países con mayor índice de criminalidad en el planeta. Pero, ¿es
realmente un Estado fallido? Ahora está de moda hacer esas afirmaciones. Lo
dijo hace poco el Departamento de Defensa de Estados Unidos con relación a
México y el creciente poder del narcotráfico. México, suponen, puede un día
colapsar súbitamente. Es lo que sucedió en Haití, país ingobernable
intervenido por Naciones Unidas y patrullado por varios millares de soldados
extranjeros.
¿Cuándo un Estado se convierte en ''fallido''? No se trata del nivel de
pobreza, educación, sanidad o de la imposibilidad de enfrentar terribles
calamidades naturales. El asunto es más simple: estamos ante un Estado
fallido cuando es imposible obtener justicia o protección para ejercer
nuestro derecho a que nadie nos mate, secuestre o extorsione sin la
razonable expectativa de que el delincuente pagará por su crimen. El Estado
falla cuando se envilecen las instituciones de derecho.
A tenor de esa definición, en efecto, Guatemala, México y otras naciones
latinoamericanas son Estados fallidos o están camino de serlo. No creo, como
supone el Departamento de Defensa norteamericano, que se aproximan a un
colapso súbito que puede desintegrarlas en facciones rivales que se hagan la
guerra cruelmente, como sucede en el Congo o Sudán. Pero es indudable que en
varias naciones latinoamericanas apenas hay seguridad ni protección para la
vida, los crímenes suelen quedar impunes, las fuerzas del orden público
muchas veces son cómplices de los delincuentes, o son ellas mismas las que
violan las leyes, y es inútil acudir a los juzgados porque la justicia es
muy lenta, muy incompetente, o los jueces venden las sentencias a quien les
pague la cantidad adecuada, o a quien prometa no matarlos porque existe la
regla no escrita de los dos metales: plata o plomo. Plata, si sentencian
como quieren los delincuentes; plomo, si se ajustan a la ley y los castigan.
El propio presidente mexicano Felipe Calderón lo declaraba hace pocas
semanas: la mitad de las fuerzas de la policía habían sido corrompidas por
el narcotráfico. Hablaba de un universo de 450,000 personas. Si el dato es
cierto, no estamos en presencia de un problema de la policía, sino de la
sociedad mexicana. Doscientos veinticinco mil personas de todas las regiones
del país es una muestra transversal de la nación mexicana. En Guatemala, a
la escala del país, debe suceder lo mismo. La pregunta obligada, pues, es
cómo se llegó a esa situación.
La respuesta también es bastante obvia: durante muchas décadas los políticos
y los funcionarios públicos, en contubernio con buena parte de la sociedad,
fueron erosionando el Estado de derecho hasta debilitarlo peligrosamente.
Cada negocio ilegal grande o pequeño que pública y descaradamente hacían, o
cada mordida que daban (o pagaban), sin consecuencias penales de ninguna
clase, acabaron por configurar una cínica percepción de las relaciones entre
el Estado y la sociedad: las leyes no se promulgaban para cumplirlas, sino
para ponerles precio a las violaciones.
Apartir de ese punto todo era posible. ¿Por qué los policías no van a robar
si lo hacen los políticos o los funcionarios designados? ¿Por qué los
matones no van a cobrar extorsiones si lo hacen los jueces y los fiscales?
Era absurdo esperar que las personas con poder o con audacia iban a
seleccionar escrupulosamente qué leyes cumplir o qué leyes violar. Donde se
tolera la corrupción y reina la impunidad es perfectamente predecible un
crescendo imparable de la clase de delitos y del número de delincuentes
que los cometen.
Queda, pues, la pregunta obligada: ¿es posible revertir este viejo proceso
de pudrición institucional y restablecer el imperio de la ley? Sí: pero todo
comienza por el mea culpa y la regeneración de la clase dirigente,
tanto del sector público como de la sociedad civil. Es una ceremonia poco
frecuente, pero es factible. Todavía hay esperanzas.
Mayo 24, 2009
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